Colombia: Alerta máxima por defensores de derechos humanos, 972 asesinatos en una década exigen acción inmediata
Colombia enfrenta una crisis humanitaria que no da tregua. A pesar de los avances en el proceso de paz con las FARC, el país sigue siendo uno de los territorios más letales del mundo para quienes defienden los derechos humanos, los territorios y el medio ambiente. Así lo advirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un reciente informe, que pone en evidencia el fracaso del Estado para garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables y de quienes arriesgan sus vidas para protegerlas.
Desde la desmovilización de la guerrilla en 2016, la violencia no ha cesado. Grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC, se han disputado el control de zonas estratégicas, mientras el Estado ha sido incapaz de establecer una presencia integral que brinde protección real a la población. El resultado es una espiral de violencia que ha cobrado la vida de cientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes que intentaron reintegrarse a la vida civil. Solo en 2023, se registraron 181 asesinatos de defensores, una cifra que, aunque menor a los 202 casos de 2022, sigue siendo alarmante. En lo que va de 2024, la tendencia no muestra señales de mejora.
El informe de la ONU revela un patrón preocupante: el 70% de los homicidios contra defensores entre 2022 y 2025 fueron atribuidos a grupos armados ilegales, mientras que el 15% involucró a agentes estatales o actores vinculados a ellos. Las víctimas no son casos aislados, sino parte de una estrategia sistemática para silenciar a quienes alzan la voz contra la explotación de recursos naturales, el narcotráfico o los intereses de grupos criminales. Las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como los líderes campesinos, son los más afectados. Para estos pueblos, la violencia no solo representa una amenaza individual, sino un ataque directo a su cultura, su autonomía y su derecho a existir en sus territorios ancestrales.
La situación es aún más grave en regiones como el Cauca, Nariño, Antioquia y Chocó, donde la presencia del Estado sigue siendo débil o, en muchos casos, inexistente. Allí, los grupos armados imponen su ley, desplazan a las comunidades y asesinan a quienes se oponen a sus intereses. La ONU subraya que esta violencia tiene un “impacto diferenciado” en los pueblos indígenas, cuyas estructuras sociales y espirituales se ven fracturadas por cada líder asesinado. La pérdida de un guardián de la tierra no solo deja un vacío en la comunidad, sino que debilita la resistencia colectiva frente a proyectos extractivistas o megaproyectos que amenazan sus territorios.
Ante este panorama, la ONU exige al gobierno colombiano acciones concretas y urgentes. No basta con declaraciones de buena voluntad ni con protocolos de protección que, en la práctica, resultan insuficientes. El informe insiste en la necesidad de diseñar políticas públicas efectivas que aborden las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, la falta de acceso a la tierra, la corrupción y la impunidad. También reclama mayor coordinación entre las instituciones, desde la Fiscalía hasta las fuerzas de seguridad, para investigar y judicializar a los responsables de estos crímenes. Hasta ahora, la mayoría de los casos quedan en la impunidad, lo que envía un mensaje peligroso: matar a un defensor de derechos humanos no tiene consecuencias.
El llamado de la ONU es claro: si no se actúa con determinación, la violencia contra los líderes sociales y las comunidades vulnerables seguirá profundizando la crisis humanitaria en Colombia. El costo no será solo en vidas humanas, sino en la capacidad misma del país para construir una paz duradera. Cada defensor asesinado es un golpe a la democracia, a la justicia y a la esperanza de un futuro donde los derechos humanos no sean una utopía, sino una realidad. La pregunta que queda es si el Estado estará a la altura del desafío o si, una vez más, las palabras se quedarán en el papel mientras la sangre sigue corriendo en los territorios olvidados.